Por Guillermo Nogales Carvalho.
Han pasado 29 años desde aquel 15 de agosto de 1990, día histórico donde más de trescientos indígenas de las tierras bajas, partieron desde la ciudad de la Santísima Trinidad hacia La Paz en la denominada marcha “Por el territorio y la dignidad”.
La insignia de dignidad buscó reivindicar a los indígenas de una región desatendida por el Estado Boliviano, y la de territorio; pedía un reconocimiento y respeto al territorio en el que habitaban.
La marcha fue liderada por Ernesto Noe, presidente de la CPIB; Marcial Fabricano, presidente Subcentral del TIPNIS, Antonio Coseruna, presidente Subcentral San Ignacio de Moxos; y Tomás Ticuazu, dirigente del pueblo Sirionó, quien falleció en octubre de 2018. Junto a ellos, estuvieron alrededor de 300 indígenas de los pueblos Mojeño, Sirionó, Yuracaré y Chimán, la mayoría partió desde Trinidad con la bendición religiosa del monseñor Manuel Eguiguren.
Las causas que dieron inicio a tomar la decisión de marchar fueron principalmente por el avasallamiento del territorio, la invasión de colonizadores y sobre todo la ejecución de proyectos extractivos por parte de empresarios sin el consentimiento de los pueblos indígenas.
Por muchos años, aún con leyes establecidas, los indígenas de tierras bajas continuaban arrinconados en pequeños espacios, amenazados por las empresas latifundistas que ocupaban grandes extensiones de su territorio.
Por tanto, aquel movimiento pacífico reivindicatorio, exigió el respeto, la dignidad y como mencionó Marcial Fabricano, fue con el fin de “que éstos pueblos tengan que ser conocidos por todo el mundo y reconocidos por aquellos que dicen que lo conocen”.
La marcha fue un hecho histórico, que exigió y logró la inclusión de los indígenas de tierras bajas, respetando su condición, sus cosmovisiones, su identidad, autoridades, ritos y costumbres.
Asimismo, generó la alianza entre los pueblos de tierras bajas con los de tierras altas, además de ser conocidos y reconocidos en el territorio nacional e internacional. Se logró reconocer las primeras etnias y territorios, sobre todo el Isiboro Sécure, que desde 1995 era Parque Nacional, conformándose el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, habitado por los pueblos Yuracaré, Mojeño y Chimán.
Días después de haber culminado la marcha, se consiguió el Decreto Supremo N° 22610, del 24 de septiembre de 1990, el cual menciona en su Artículo Primero que “Se reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure”.
Aquel logro se realizó con la participación de los indígenas, la ayuda de personas, profesionales y sobre todo el apoyo constante del pueblo boliviano, lo cual logró que la marcha cumpla el objetivo no solo de llegar a La Paz, sino de conseguir lo que se buscada: “dignidad y respeto al territorio”.
La histórica marcha hizo posible el compromiso del Estado boliviano de restituir la tierra a los pueblos indígenas en virtud de su condición ancestral, siendo los indígenas los propietarios.
Si hablar de hechos históricos sobresalientes de la región beniana se trata, se debe considerar que la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, es uno de esos acontecimientos que deberían hacer sentir al beniano el aprecio y el respeto por la tierra llana y amazónica que habita.
