Las víctimas de persecución política podrán hacer sus denuncias en los próximos 30 días

JEANINE AÑEZ

La Paz (MJyTI-ABI).- La presidente del país, Jeanine Añez, junto al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, presentaron en Palacio Chico al Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, que será presidido por esta cartera de Estado, con el objetivo de restablecer las garantías constitucionales, la seguridad jurídica y el debido proceso de las personas que hayan sido indebidamente perseguidas, ilegalmente procesadas y recluidas durante la gestión de Evo Morales, desde el 22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019.
El ministro Coímbra señaló que el comité atenderá y hará el seguimiento a las denuncias de víctimas de injusticia por motivos políticos e ideológicos, realizará el relevamiento y análisis de los informes técnicos emitidos por la instancias correspondientes, solicitará al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción el procesamiento de los casos donde existan indicios de corrupción por servidoras y servidores públicos en el marco de la ley 004 ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, y elaborará el informe situacional de las víctimas.

Asimismo, la autoridad informó que, para realizar una denuncia –que no contemple delitos comunes, de lesa humanidad, ni narcotráfico –, las víctimas deberán enviar, en los próximos 30 días hábiles, una nota escrita al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que será recibida en cualquier dependencia de esta cartera de Estado donde además de ofrecer sus datos personales y una fotocopia de su carnet de identidad, deberán exponer los motivos o circunstancias por los cuales consideren que fueron perseguidas.
La comisión está integrada por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Servicio Plurinacional de Defensa Púbica (SEPDEP), EL servicio Plurinacional a de Atención a la Víctima (SEPDAVI), EL Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET).

Según la ABI, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, aclaró que el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos no busca la impunidad, sino un proceso judicial transparente para unos 1.300 exiliados durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.

“Este comité no está creado para crear impunidad en ningún caso, lo que sí vamos a restablecer son las garantías constitucionales (…). Vamos a trabajar de manera coordinada con el Tribunal Constitucional, que es al final de cuentas quien tiene que restablecer los derechos fundamentales de la gente que ha sido perseguida política en estos últimos 14 años”, dijo a los periodistas.

Las cinco entidades del Ministerio de Justicia, que conforman el Comité, harán un relevamiento de la información y denuncias que realicen las personas que crean que han sido perseguidos políticos en los últimos 14 años.

“Tenemos 30 días para hacer el relevamiento de información en base a las denuncias que la gente pueda realizar con un formulario que va estar en las representaciones (diplomáticas del país). Luego tenemos 20 días para elaborar un informe caso por caso para establecer si existen o no violaciones a los derechos y cuáles son las acciones judiciales a seguir”, explicó Coímbra.

La autoridad añadió que ese trabajo se realizará en coordinación con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y no descartó el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

Aquellos casos en los que no se establezcan violaciones a los derechos humanos o al debido proceso, deberán seguir su curso regular.

“Quiero dejarlo claro, no hay amnistía, no hay perdón para nadie. Lo que vamos a hacer es revisar procesos en bases a un relevamiento de información y establecer si corresponde garantías constitucionales para que nuestros ciudadanos puedan tener un debido proceso con derecho a la defensa”, señaló.

El ministro también aclaró que el nuevo comité interinstitucional no tratará casos relacionados con delitos comunes, el narcotráfico y de lesa humanidad, este último en referencia al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, asilado en Estados Unidos.
En el caso del expresidente Evo Morales, asilado en México, dijo que “él no es un perseguido político (…) y él puede volver y someterse a sus procesos como cualquier ciudadano”.

El Ministro de Justicia manifestó que los exiliados políticos a partir de la fecha cuentan con las garantías constitucionales para retornar al país y regularizar su situación jurídica.

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