Dos militares van cuatro meses a la cárcel por muertes en Huayllani; víctimas reclaman falta de celeridad

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Eldeber.com.- A dos años y siete meses de los asesinatos, la investigación aún está en etapa preliminar y los familiares observan que el Gobierno impulsa otros juicios

El Juzgado Primero de Instrucción Penal de Sacaba determinó la detención preventiva por cuatros meses para los militares Iván Inchauste R. y Pablo Guerra C. por las muertes en Huayllani. Mientras otros dos uniformados tienen detención domiciliaria y pago de fianza. 

El representante de los familiares, Roberto Jukimari, reclamó que la investigación aún está en etapa preparatoria cuando pasaron dos años y siete meses del suceso ocurridoluego de la renuncia y salida de Evo Morales.

Los cuatro militares son investigados por la presunta comisión del delito de asesinato y genocidio por los fallecimientos suscitados el 15 de noviembre de 2019 en Cochabamba.

El Ministerio Público explicó que se demostró la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la investigación, por lo que se solicitó la detención preventiva para los cuatro imputados; sin embargo, dos de ellos alegaron tener problemas de salud.

En este caso, los militares imputados son: Aldo Bravo M., Iván Inchauste R., Moisés O. M., Óscar A. Caba H., Boris Pastor P. y Pablo Guerra C, cuatro fueron puestos ayer ante el juez cautelar.

El activista David Inca, en contacto con este medio, recordó que el caso inició de oficio en diciembre de 2019 y luego se adhirieron las víctimas. Enfatizó que en los juicios contra políticos no se reconoce a los familiares de los fallecidos como víctimas.

«No tenemos nada que ver con esos dos procesos Golpe I y Golpe II, no somos parte y los delitos no son por las masacres«, aclaró.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que en 2019 hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de una violencia racista que requiere sanción. Asimismo, observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país.

El GIEI analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual hubo en el país al menos 37 fallecidos en el marco del conflicto electoral.

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